Impulsor de ley contra estudios mexicoamericanos los considera “tóxicos”

Tucson (AZ) — Tom Horne, ex superintendente de Educación de Arizona, consideró hoy durante su testimonio en el juicio contra la ley que prohibió los estudios mexicanoamericanos que este programa era “tóxico” y fomentaba una división racial en el estado.

Horne, principal impulsor de la legislación HB2281, aseguró que su “preocupación” sobre el efecto que esta supuesta división racial causaba en los estudiantes comenzó en 2006 cuando asistió a una reunión pública en una escuela local en la que la activista Dolores Huerta dijo que los “republicanos odiaban a los latinos”.

Acto seguido, de acuerdo a Horne, estudiantes levantaron sus puños y dieron la espalda a los siguientes presentadores, algo que consideró una “grosería”.

En su opinión, esto era lo que se les enseñaba a los estudiantes en el programa de estudios mexicanoamericanos del Distrito Escolar Unificado de Tucson.

“Dividir a los estudiantes por su raza no es correcto” enfatizó el ex superintendente de Educación estatal durante su testimonio en la corte federal en Tucson en el juicio sobre la ley estatal HB2281, aprobada en Arizona en 2010 y que terminó con los estudios mexicanoamericanos en las escuelas públicas.

Horne fue pieza clave para la eliminación de estos estudios al investigar el contenido de las clases y dar su testimonio en contra ante la Legislatura estatal.

Cuando se aprobó en 2010 la HB2281, la cual prohíbe programas educativos que “fomentan el odio racial”, inmediatamente Horne dictaminó que los programas de estudios mexicanoamericanos violaban esta nueva legislación.

El caso legal en contra de esta ley estatal se encuentra nuevamente ante la Corte Federal de Tucson después que en 2013 la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve mantuviera la legislación, pero considerase los argumentos del estado como “constitucionalmente vagos”, lo que permitió a los demandantes presentar de nuevo el caso.

Los demandantes deberán demostrar ahora ante la corte que la HB2281 fue establecida con una intención de “malicia” racial, que fue específicamente escrita y dirigida hacia este programa de estudios, que se impartieron durante 14 años.

Los testimonios en el caso terminan este viernes.

A diferencia del primer caso, ahora los demandantes podrán presentar como prueba a su favor estudios en los que se apunta que los alumnos que siguieron este programa aumentaron su rendimiento escolar en otras materias como matemáticas o inglés y que se produjo un incremento en el número de estudiantes que se graduaron de secundaria.